Interrupción del sistema constitucional y gobiernos militares


Hacia comienzos de 1972 Ecuador era un país sumido en el caos, con un presidente convertido en dictador civil, elecciones generales próximas a celebrarse y actores políticos cuyas futuras acciones eran impredecibles. Finalmente las fuerzas armadas decidieron intervenir, tomarse el poder e interrumpir el incipiente sistema constitucional en el que el país estaba inserto desde 1968. Hubo un golpe de estado incruento en febrero de 1972, que tomó por sorpresa a la opinión pública y a la comunidad internacional.

El derrocamiento de Velasco Ibarra sucedió en Guayaquil y fue ejecutado materialmente, y sin que se disparara ni una sola bala, por un oficial de la Armada llamado Jorge Queirolo Gómez, pero llevó al general Guillermo Rodríguez Lara al poder, quien se proclamó "nacionalista" y "revolucionario", lo que, en la práctica, devino en una conducta de nacionalizaciones, que pueden ser evaluadas más o menos críticamente, pero que, para el momento en cuestión, resolvían los temas básicos del sistema productivo y social del Ecuador. Así, el gobierno crea en 1972 CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (véase Petroecuador) y emprende el camino hacia la adquisición, paso a paso, de las acciones mayoritarias del Consorcio Texaco - Gulf (Gulf Oil Corporation) - Cepe.

El Ecuador da signos de querer adquirir autonomía nacional en el manejo del petróleo: en 1973 el Ecuador ingresa en el organismo más importante a nivel mundial de los países oferentes de petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En 1974 adquiere el 25% de las mencionadas acciones del Consorcio que operaba en Ecuador. En 1976 asciende al 62%, hasta que finalmente, adquiere la totalidad de las acciones. Con este tránsito, el estado ecuatoriano pasa a ser, de menos a más, el propietario del petróleo. Sin embargo, 1989 Cepe cambia su nombre por el de Petroecuador, estableciendo varias empresas filiales: Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas.

Los gobiernos llamados "democráticos" (desde Osvaldo Hurtado Larrea, de la Democracia Popular, en 1981 hasta Alfredo Palacio González, que de Vicepresidente de Lucio Gutiérrez pasa a ser Presidente, en 2006) no han hecho otra cosa más que pretender la privatización de la actividad petrolera y de Petroecuador, con menos o más fortuna para ellos, y la inversamente proporcional fortuna para el estado ecuatoriano. El gobierno de Rodríguez Lara también creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación o Inecel (por favor véase Hidropaute SA) y un sistema para asegurar el aprovisionamiento de víveres básicos para los sectores populares, Emprovit (Empresa Nacional de Productos Vitales), que expedía esos productos a precios accesibles. También creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Ietel).

El 1 de septiembre de 1975 se produjo un intento de golpe de estado dirigido por el general Raúl González Alvear, que pese a haber sido bastante violento no tuvo éxito y dejó un saldo de 22 muertos. El general González partió al exilio en Chile y Rodríguez Lara siguió gobernando por un breve lapso. No obstante la situación de Rodríguez Lara se hizo insostenible y la cúpula de las fuerzas armadas le pidió la renuncia, que se concretó en enero de 1976. A partir de ese momento el país quedó en manos de un triunvirato militar presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano (Armada) e integrado por los generales Guillermo Durán Arcentales (Ejército) y Luis Leoro Franco (Fuerza Aérea). Su Ministro de Gobierno, el entonces coronel Richelieu Levoyer estructura un "Plan de retorno a la democracia", que incluyó un referéndum en enero de 1978, con el que se eligió mediante voto popular una nueva constitución. El coronel Levoyer fue removido del cargo, pero al fin se celebraron elecciones generales, en las que nuevamente y mediante argucias legales incluidas en la nueva constitución, se impidió la participación del controvertido Assad Bucaram.

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